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Se modifica la norma sobre la carga pública para permitir prestaciones sanitarias a los inmigrantes en EE.UU.

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Una ley reciente ha modificado la norma sobre la carga pública y permitirá que los inmigrantes dispongan de más prestaciones sanitarias en Estados Unidos.

Gracias a una nueva resolución sobre la Carga Pública, en vigor desde el 23 de diciembre, acceder a programas como Medicaid y el Seguro de Salud Infantil no afectará al estatus de inmigrante, un objetivo por el que muchos defensores de los inmigrantes llevan mucho tiempo luchando.

La semana pasada, el DHS (Departamento de Seguridad Nacional) emitió una nueva normativa aplicable a inmigrantes y no ciudadanos que hayan recibido o deseen solicitar prestaciones sanitarias proporcionadas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) o por programas estatales similares.

Esta nueva norma detalla cómo interpretará el DHS a partir de ahora la norma de Carga Pública, que solía ir en contra de los inmigrantes que no tenían más remedio que solicitar prestaciones sanitarias y otros programas de ayuda. Ahora, la legislación deja claro que los factores individuales, como las discapacidades o el uso de prestaciones por sí solos, no darán lugar a una penalización por inmigración.

¿A quién afecta la nueva normativa sobre cargas públicas?

La nueva norma sobre carga pública se aplica a los no ciudadanos o inmigrantes que solicitan la admisión en Estados Unidos, o a quienes solicitan la residencia legal permanente desde dentro del país. A partir de ahora, el DHS no penalizará a las personas que necesiten acceder a la red de prestaciones relacionadas con la salud y otros servicios gubernamentales complementarios a su disposición.

¿A qué prestaciones sanitarias se puede acceder sin penalización por ser inmigrante?

La mayoría de las prestaciones de Medicaid (excepto las de internamiento de larga duración) y del Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP) no darán lugar a una penalización por Carga Pública. El DHS ha declarado que otros programas no monetarios, como la asistencia alimentaria y nutricional del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), las prestaciones COVID-19, la asistencia en caso de catástrofe recibida en virtud de la Ley Stafford, las deducciones o créditos fiscales, las pensiones públicas u otras prestaciones devengadas también se incluirán en esta lista de prestaciones permitidas.

¿Cómo se aplicará a partir de ahora la nueva norma sobre cargas públicas?

En lugar de excluir a individuos y revocar su elegibilidad basándose en un único factor, ahora el DHS llevará a cabo un análisis de la «totalidad de las circunstancias».

«Las personas que califican para Medicaid, CHIP y otros programas de salud deben recibir la atención que necesitan sin temor a poner en peligro su estatus migratorio. Como hemos experimentado con COVID, es en interés de todos los estadounidenses cuando utilizamos la atención médica y otros servicios a nuestra disposición para mejorar la salud pública para todos.»

Dijo el Secretario del HHS, Xavier Becerra.

Según muchos defensores de la inmigración y los derechos humanos, esta nueva norma final ayudará a los inmigrantes a acceder a prestaciones esenciales sin poner en peligro su estatus. La asistencia sanitaria es un derecho humano, y como tal debe prestarse independientemente de las circunstancias particulares de cada persona.

Muchos consideran que esta sentencia hará valer los derechos constitucionales de los grupos marginados y las minorías, ayudando a los más vulnerables a conseguir la ayuda que necesitan. Grupos defensores como la Oficina de Derechos Civiles (OCR) han manifestado su firme apoyo a la medida.

Un programa de inmigración perjudicial invertido

Este nuevo fallo es una continuación del curso tomado por la administración Biden desde el inicio de su mandato, que presionó para revertir la regla de Carga Pública de 2019, promulgada por la administración anterior como parte de una agenda anti-inmigración. La sentencia anterior disuadía a los inmigrantes de obtener prestaciones sanitarias y otros tipos de ayudas públicas que a veces necesitaban desesperadamente.

Por miedo, este efecto se extendió incluso a otras categorías de no ciudadanos que están exentas de la causa de inadmisibilidad de Carga Pública, como los refugiados, los solicitantes de asilo, los beneficiarios de VAWA o TPS, entre otros. Esperamos que la nueva normativa, más completa y clara, ayude a todos los inmigrantes a obtener el apoyo que necesitan y merecen.

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