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La política de inmigración más exitosa de Biden en peligro: Texas y Luisiana inician un proceso judicial contra las nuevas directrices del ICE

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La paralización de las deportaciones masivas llevadas a cabo por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) fue sin duda la política de inmigración de Biden que más alivió a los inmigrantes. Esta semana se celebrará en Houston un juicio contra estas nuevas directrices.

Para miles de inmigrantes y sus familias, los cambios introducidos en la política de inmigración por el gobierno de Biden supusieron un gran alivio. Con el gobierno anterior, muchos de ellos habrían sido deportados a México sin ni siquiera tener la oportunidad de solicitar asilo o iniciar su viaje migratorio a través del USCIS.

Pero en el último año, los demócratas han aplicado diversos mecanismos legales para detener la mayoría de las deportaciones y detenciones llevadas a cabo por agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Gracias a la nueva política de inmigración, los inmigrantes indocumentados que no se consideran un peligro para la seguridad pública y que contribuyen con su trabajo a la economía del país ya no son una prioridad para la deportación.

Según las directrices de aplicación redactadas por Alejandro Mayorkas, secretario del DHS, vivir sin documentación legal en Estados Unidos ya no es, por sí solo, motivo suficiente para detener o deportar a alguien.

Detener las deportaciones: Un éxito de la Administración Biden

Esta política de inmigración tuvo un gran éxito y produjo cambios tangibles para millones de inmigrantes que viven y trabajan en todo el país, que hoy pueden confiar en que no serán deportados ni detenidos de la noche a la mañana. Incluso cuando gran parte de la agenda de inmigración del gobierno ha sido bloqueada por la oposición republicana, esta medida garantizaba unas condiciones de vida mínimas para la población inmigrante.

Según las nuevas directrices del DHS, las autoridades de inmigración deben tener en cuenta la «totalidad de las circunstancias» de cada caso, incluido si un inmigrante está cuidando a un familiar o si tiene una vía potencial hacia la legalización. Algunos grupos de defensa de los inmigrantes siguen quejándose de que el ICE sigue investigando casos contra personas que no deberían considerarse prioritarias para la detención o deportación en virtud de la nueva política de inmigración, mientras que sectores de la oposición sostienen que Biden está llevando demasiado lejos la política de deportación discrecional.

«Se supone que la discrecionalidad del fiscal es la excepción, no la regla. Esta administración la está utilizando como excusa y como norma para no hacer cumplir la ley.»

Dijo Lora Ries, ex funcionaria del DHS durante la administración Trump y parte de la Fundación Heritage.

Texas y Luisiana contra la paralización de las deportaciones

A pesar del amplio apoyo popular a la medida, esta política corre el riesgo de ser bloqueada por los tribunales federales. Esta semana comenzará una impugnación legal de la aplicación discrecional de las órdenes de retención por parte del DHS, impulsada por los estados de Texas y Luisiana.

Sectores conservadores de Texas y otros estados protestan por la disminución de detenciones y deportaciones llevadas a cabo por el ICE. También argumentan que las cárceles locales se han visto obligadas a poner en libertad a inmigrantes indocumentados que antes habrían sido detenidos por la agencia federal.

Mientras tanto, Mayorkas defiende las nuevas prioridades de aplicación.

«No dedicaremos nuestros limitados recursos a detener a personas que llevan muchos años en este país, que han sido miembros activos de nuestras comunidades».

Lo declaró en un discurso pronunciado el mes pasado ante la Conferencia de Alcaldes de Estados Unidos.

El secretario del DHS insiste en que el ICE tiene ahora la capacidad de centrarse en las amenazas reales a la seguridad pública y nacional, ejerciendo lo que se conoce como discrecionalidad fiscal para decidir qué casos merece la pena investigar y cuáles no.

Está previsto que el recurso legal de Texas y Luisiana vaya a juicio esta semana en Houston. Será escuchado por el juez federal Drew Tipton, nombrado magistrado por el expresidente Donald Trump. Tipton ya ha intentado antes bloquear la política de inmigración aplicada por el DHS.

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