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La reciente deportación masiva de inmigrantes haitianos por motivos de salud pública por parte de la administración Biden provocó varias dimisiones y críticas de sus aliados más cercanos.
Un alto asesor jurídico del Departamento de Estado declaró que considera que la deportación masiva de migrantes haitianos que tuvo lugar en las últimas semanas es un acto ilegal y un uso cuestionable de las leyes de salud pública. Harold Koh, veterano de la administración Obama, que se retira de la función pública para convertirse en profesor de la Universidad de Oxford, escribió sus críticas a la administración en una carta dirigida a los dirigentes del Departamento de Estado.
La carta, hecha pública el 2 de octubre, refleja una preocupación generalizada dentro del Departamento de Estado por la deportación masiva de migrantes haitianos y centroamericanos en la frontera sur. Estas caravanas de migrantes llegaron al país en busca de asilo y refugio, en muchos casos huyendo de situaciones políticas inestables y peligrosas en sus países. Haití, en particular, ha sufrido recientemente el asesinato de su presidente y un terremoto devastador.
Pero en lugar de tramitar sus solicitudes de asilo o evaluar los casos más vulnerables (algo que la administración prometió hacer, pero se dejó llevar en gran medida por la presión de los grupos de activistas proinmigración), los migrantes fueron llevados sumariamente a aviones y obligados a regresar al país del que habían escapado.
Descontento entre los funcionarios por la deportación masiva de inmigrantes haitianos
Según fuentes internas del Departamento de Estado, la visión de Koh está muy extendida dentro del departamento, y hay mucho descontento entre los funcionarios. Hace menos de dos semanas, el enviado especial de EE.UU. para Haití, Daniel Foote, dimitió por el mismo motivo y envió una carta de renuncia criticando a la administración por su deportación masiva de migrantes, que calificó de «inhumana». Foote añadió también que en estos momentos Haití es un lugar muy peligroso, con un «Estado colapsado» que no está en condiciones de responder a las necesidades de su población.
Joe Biden ha seguido utilizando un mecanismo introducido por Donald Trump que permite la deportación masiva de migrantes, en este caso en su mayoría de Haití, bajo el Título 42 de la Ley de Salud Pública y Servicios de 1944. Esta pieza legislativa, hasta ahora desconocida, se utilizó para postular la pandemia de coronavirus como motivo para no ofrecer el debido proceso a los solicitantes de asilo procedentes de Haití y Centroamérica.
«Escribo en primer lugar porque creo que la aplicación actual de la autoridad del Título 42 por parte de esta administración sigue violando nuestra obligación legal de no expulsar ni devolver… a personas que temen ser perseguidas, muertas o torturadas, especialmente los migrantes que huyen de Haití.»
escribió Koh en su carta, publicada en Politico.
Koh señaló que el caos en Haití había llevado a la administración a ampliar el estatus de protección temporal a los haitianos que ya vivían en Estados Unidos. Por lo tanto, argumentó, no había razón para expulsar a los recién llegados y ponerlos directamente en una situación de riesgo vital.
El Gobierno defiende la deportación masiva de inmigrantes al amparo del Título 42
El Departamento de Estado mantuvo públicamente que la decisión de utilizar el Título 42 está en manos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la agencia sanitaria federal. Además, insistieron en que el Título 42 es una orden de salud pública, no una orden de inmigración, y que la autoridad para mantenerla recae enteramente en el CDC.
«Los CDC han determinado que es necesaria la retirada de determinadas personas en virtud del Título 42 debido a los riesgos de transmisión y propagación del COVID-19 en entornos de alta concentración de personas, como las estaciones de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, así como debido a la amenaza aún latente de variantes emergentes.»
declaró un alto funcionario del Departamento de Estado.
Sin embargo, cuando la administración Trump propuso por primera vez el uso del Título 42, los propios expertos médicos de los CDC se opusieron y la medida solo pudo aplicarse debido a la presión del entonces vicepresidente Mike Pence. Olivia Troye, una exasesora de Pence, renunció en protesta y dijo que la política fue escrita por Stephen Miller, un asesor de Trump que dirigió la campaña antiinmigración de esa administración.
«Me parece que hay una forma relativamente sencilla de actuar si alguien supone un riesgo para la salud pública a su llegada a Estados Unidos. Pueden ser puestos en cuarentena, pueden recibir tratamiento médico. No es necesario deportarlos».
Dijo Michael Posner, ex Subsecretario de Estado para Democracia, Derechos Humanos y Trabajo.
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