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Correo electrónico El gobierno confirmó que seguirá expulsando a migrantes en la frontera sur de Estados Unidos por razones sanitarias mediante la deportación acelerada habilitada en virtud del Título 42.
Este lunes, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) confirmó que dará marcha atrás con sus planes de levantar la medida sanitaria conocida como Título 42 y seguirá aplicando la deportación con fines sanitarios. Esto se debe al temor a un nuevo repunte de las infecciones por coronavirus.
En los últimos meses, con un número récord de inmigrantes indocumentados intentando cruzar la frontera sur de Estados Unidos, la administración Biden ha mantenido la orden que permite la deportación acelerada por motivos de salud, heredada de la administración anterior. A pesar de las protestas de los sectores aliados favorables a la inmigración, los portavoces del gobierno señalaron repetidamente que la orden cumplía una función necesaria en un contexto pandémico.
Sin embargo, en las últimas semanas, el gobierno expresó su intención de levantar la orden. Para muchos críticos, la deportación acelerada a través del Título 42 era menos una medida para proteger la salud pública que una forma políticamente correcta de expulsar a los inmigrantes. Ahora, los CDC insisten en que permitir la entrada incontrolada de inmigrantes a través de la frontera crea peligro de dispersión de nuevas variantes del virus.
El factor delta: el peligro de las nuevas variantes
La reciente propagación mundial de la variante delta, altamente contagiosa, ha reforzado el argumento de la necesidad de mantener una medida sanitaria como la deportación rápida en virtud del Título 42 para reducir al mínimo la entrada de personas en el país. Además, la rápida propagación de esta nueva variante del virus se produce en un momento crítico para los agentes fronterizos, que afirman estar desbordados y sostienen que levantar esta medida sólo empeoraría una delicada situación de crisis humanitaria.
Sin embargo, aunque el gobierno demócrata ha utilizado la norma para expulsar rápidamente a adultos solos e incluso a muchas familias migrantes, la medida no se ha aplicado a los niños migrantes que llegan no acompañados.
Presiones para abolir la deportación rápida desde sectores proinmigración
El lunes, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) inició una demanda contra el gobierno de Biden con la esperanza de forzarle a levantar la orden para las familias migrantes. Según un miembro de la ACLU, la organización mantuvo infructuosas negociaciones durante meses para intentar anular la medida.
«Ahora está claro que no hay un plan inmediato para hacer eso. Ella hizo repetidas declaraciones públicas de que la administración solo necesita algo de tiempo para reconstruir el sistema de asilo que la administración Trump destruyó. Les dimos siete meses. El tiempo se acabó».
Lee Gelernt, abogado principal en el caso de la ACLU, dijo en un comunicado oficial el lunes.
La respuesta del Gobierno a las demandas de la ACLU
En una presentación judicial en respuesta a la demanda iniciada por la ACLU, el gobierno demócrata insistió en que bloquear la aplicación de esta medida sólo conducirá al colapso del ya sobrecargado sistema de inmigración y a peores condiciones humanitarias para los migrantes. El hacinamiento en los puestos fronterizos del sur hace muy difícil aplicar medidas de salud pública y precauciones básicas como el distanciamiento social.
El comunicado también añade que cada vez son más los migrantes que dan positivo en las pruebas del coronavirus, al igual que los funcionarios de fronteras. Para David Shahoulian, Subsecretario de Políticas Fronterizas y de Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), mantener la orden de expulsión en virtud del Título 42 es crucial para preservar la salud pública en las circunstancias actuales.
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