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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha puesto fin a la práctica de liberar a los migrantes detenidos en la frontera con órdenes de iniciar su propio procedimiento de deportación en el tribunal de inmigración.
El gobierno de Biden sigue expulsando a decenas de miles de migrantes detenidos en la frontera entre México y Estados Unidos en virtud de una orden de salud pública de la era Trump. Dependiendo de la capacidad de las instalaciones fronterizas y de las circunstancias individuales, algunos inmigrantes son puestos en libertad sólo con un «aviso de comparecencia», que es un documento que ordena a las personas comparecer ante el tribunal de inmigración en una fecha determinada y comenzar el proceso de deportación.
Pero a principios de este año, para sacar más rápidamente a los migrantes de las agobiadas instalaciones federales, la Patrulla Fronteriza estadounidense empezó a poner en libertad a las personas encontradas en la frontera sin una «notificación de comparecencia». En lugar de ello, los agentes entregaron a los migrantes, muchos de ellos familias, «notificaciones de denuncia», dejando en manos de los migrantes la responsabilidad de iniciar su propio proceso ante un tribunal de inmigración.
Oposición republicana a las medidas de emergencia del DHS
La práctica generó una amplia condena de los sectores republicanos, que argumentaron que el gobierno de Biden no tendría forma de conocer el paradero de los migrantes liberados en el país sin darles un «aviso de comparecencia» o fijar fechas de tribunales de inmigración para su reaparición.
El gobierno defendió la práctica de la tramitación ad hoc argumentando que la alternativa era dejar a los migrantes sometidos a un hacinamiento inhumano en las instalaciones federales, que ya están al límite de su capacidad. Además, los agentes fronterizos apenas pueden hacer frente al elevado número de inmigrantes que intentan cruzar la frontera en los últimos meses.
Sin embargo, durante una audiencia en el Senado el martes, Mayorkas dijo que desde el 1 de enero hasta el 31 de octubre, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de EE.UU. emitió 94.581 avisos para informar, añadiendo que la práctica ha sido «descontinuada». Es probable que los inmigrantes que sean puestos en libertad en el futuro reciban una «notificación de comparecencia» ante un tribunal de inmigración.
Los funcionarios de inmigración estadounidenses también empezaron recientemente a enviar paquetes de documentos legales a los inmigrantes que se sometieron a este tipo de tramitación ad hoc. Se espera que incluyan un «aviso de comparecencia» e información adicional sobre la tramitación del ICE.
«Durante la cita con el ICE, éste revisará el caso con el no ciudadano, le tomará datos biométricos y fotos, y establecerá cualquier requisito de registro en curso. Los no ciudadanos deben presentarse al ICE y comparecer en la fecha del tribunal de inmigración designada como parte. de sus procedimientos de inmigración para cumplir con la legislación estadounidense».
declararon portavoces del ICE en un comunicado.
¿Qué ocurre si los inmigrantes no comparecen ante el tribunal de inmigración?
La operación ya ha suscitado preocupación entre defensores de los inmigrantes y abogados, que temen que los paquetes no lleguen a los inmigrantes, lo que podría ponerlos en riesgo de no acudir a sus citas con el tribunal. Si los inmigrantes no comparecen ante el tribunal de inmigración en las fechas señaladas, los jueces de inmigración pueden ordenar su expulsión.
Muchos abogados
«La principal preocupación es que no sólo las direcciones pueden cambiar, sino que estas personas pueden incluso no tener una dirección fija. Será interesante saber si estos jueces de inmigración ordenarán la expulsión de personas en estas circunstancias.»
señaló Jeremy McKinney, presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración.
En el año fiscal 2021 se produjeron más de 1,6 millones de detenciones en la frontera entre Estados Unidos y México, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos. La mayoría fueron expulsados rápidamente bajo la orden de salud pública de la era Trump llamada Título 42, que el gobierno ha seguido aplicando a pesar de las duras críticas de aliados y defensores de la inmigración por igual.
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