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En represalia, el fiscal general de Kansas, Derek Schmidt, impulsó la prohibición de las ciudades santuario en el estado.
Después de que el Gobierno Unificado de Kansas City y el condado de Wyandotte empezaran a expedir tarjetas de identidad municipales a residentes indocumentados, el fiscal general Derek Schmidt impulsó la prohibición de todas las «ciudades santuario» del estado. Según muchos defensores de la inmigración, si este cambio de política prospera, tendrá «efectos insidiosos».
El objetivo de esta legislación sería prohibir a los gobiernos municipales la adopción de normas que pudieran bloquear la cooperación con las agencias federales que persiguen a los residentes indocumentados, como el ICE. Sin embargo, Schmidt sostiene que esta legislación es la única vía para garantizar que el Estado sea «seguro y acogedor para los inmigrantes».
El gobierno local busca maximizar el acceso a los servicios públicos mediante un programa de identificación para residentes indocumentados
El gobierno de Kansas City y el condado de Wyandotte han empezado recientemente a autorizar la expedición de carnés de identidad a los residentes indocumentados con el fin de mejorar el acceso general de la población local a los servicios públicos, a través de una ley denominada The Safe and Welcoming City Act (Ley de Ciudad Segura y Acogedora). Esta legislación también garantizaba que la información de identificación recopilada a través del programa no se compartiría con agencias federales como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos(ICE).
Esto llevó al fiscal general Derek Schmidt a impulsar la prohibición de cualquier ley santuario que pudiera obstaculizar el trabajo de las agencias federales. Sin embargo, la legislación se enfrentó a una oposición mayoritaria durante una audiencia celebrada el pasado martes en la Comisión de Asuntos Federales y Estatales de la Cámara de Representantes.
Muchos de los que se oponen a la medida, como Alejandro Rangel-López, coordinador principal del Proyecto Nuevas Fronteras, señalaron que una prohibición como ésta podría tener efectos muy perjudiciales para comunidades enteras de inmigrantes, porque aunque el proyecto de ley sólo se dirija a los inmigrantes legales, muchas familias con estatus mixto sufrirían las consecuencias.
«Ahora debería quedarle claro que esto no es un juego. Las decisiones que tome como legislador tienen repercusiones muy reales en la vida de personas como yo y mi familia. Escúchenos cuando le decimos que esto tendrá efectos insidiosos en las denuncias de delitos en las comunidades de inmigrantes. Escúchenos cuando le decimos que sus decisiones no existen en el vacío».
dijo Rangel-López.
¿Qué pretende prohibir exactamente la prohibición de las «ciudades santuario»?
Según el proyecto de ley 2717 de la Cámara de Representantes, las unidades locales de gobierno tendrían prohibido adoptar cualquier «ordenanza, resolución, norma o política» que pudiera interferir en las investigaciones de las fuerzas de seguridad federales o en la cooperación entre las agencias locales y federales. Esta medida también prohibiría a los gobiernos municipales expedir cualquier tipo de documento de identidad a los residentes indocumentados.
Otros 12 estados ya han promulgado leyes estatales similares que prohíben o restringen las leyes santuario que protegen a los residentes indocumentados. La Asamblea Legislativa de Kansas ya ha considerado en varias ocasiones legislación para prohibir las leyes y ciudades santuario en el estado, pero hasta ahora no se había aprobado ninguna.
El fiscal general Derek Schmidt, candidato republicano a gobernador, declaró que Kansas necesitaba una ley de este tipo para garantizar que todo el estado es seguro y acogedor para los inmigrantes.
«Ese meritorio objetivo no puede lograrse adecuadamente mediante un proceso de mosaico de jurisdicciones locales que deciden prohibir a sus cuerpos de seguridad locales que cooperen o incluso se comuniquen con las autoridades federales, ni tampoco puede lograrse expidiendo a los no ciudadanos nuevas tarjetas de identificación del gobierno local que carecen de salvaguardias básicas antifraude y antiabuso incorporadas a la legislación estatal.»
dijo Schmidt.
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