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Los activistas denuncian que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) los persigue por trabajar para proteger los derechos de los inmigrantes.
Según un nuevo informe elaborado por la Clínica de Inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de Washington, las agencias federales de inmigración, como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), llevan a cabo campañas sistemáticas de persecución y represión dirigidas contra grupos que defienden los derechos de los migrantes. Para apoyar esta investigación, trabajaron en estrecha colaboración con cientos de activistas y defensores de los derechos de los inmigrantes en el país.
Además, el informe incluye entrevistas, actas judiciales y otros documentos obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información (FOIA). Se ha documentado un amplio abanico de denuncias en distintos estados del país (Texas, Washington, Vermont, Carolina del Norte, Illinois) en las que activistas fueron intimidados o incluso deportados por sus acciones políticas.
«Algunas de las historias de represalias contra activistas se han contado antes de forma fragmentaria, lo que permite argumentar que en realidad se trata sólo de un par de agentes corruptos de una oficina concreta. Al documentar los relatos de grupos de todo el país, creo que queda claro que se trata de un problema amplio y nacional.»
Explica Sejal Zota, directora jurídica de Just Futures Law, uno de los grupos impulsores del nuevo informe.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas insiste en que sólo aplica la ley de inmigración
Portavoces de la agencia federal declararon que no están tomando represalias contra ninguna persona por su activismo. Según los agentes federales, la agencia se limita a hacer cumplir la ley de inmigración a todos aquellos que viven ilegalmente en el país.
«El ICE condena las represalias contra las personas que ejercen su derecho de expresión y reunión consagrado en la Primera Enmienda. Como todos los demás organismos encargados de hacer cumplir la ley, el ICE supervisa las protestas previstas para garantizar la seguridad de su infraestructura, su personal, sus funcionarios y todos los participantes.»
Un portavoz de la agencia declaró lo siguiente.
Pero los relatos de los migrantes contradicen las declaraciones de la agencia. La migrante y activista Mora-Villalpando nunca intentó ocultar su condición de inmigrante. Llegó a Estados Unidos procedente de Ciudad de México en la década de 1990 y permaneció en el país tras expirar su visado de turista. No tiene antecedentes penales y habló abiertamente de su delicada situación en el país en entrevistas públicas.
También es una de las cofundadoras del grupo de defensa de los derechos de los inmigrantes llamado La Resistencia y protestó contra las terribles condiciones de los centros de detención de inmigrantes gestionados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas desde 2014.
Sin embargo, permaneció unos años más fuera del radar de las autoridades de inmigración, hasta que dos representantes de Washington insistieron en 2017 en invitarla a una visita a las nuevas instalaciones de un centro de detención del ICE. En aquel momento, las autoridades de la agencia se negaron a permitirle entrar en el centro por su condición de inmigrante y la sometieron a un procedimiento de expulsión.
Alejandro Mayorkas: la violación de los derechos de los inmigrantes es «inaceptable»
El Secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, fue preguntado por las denuncias de represalias contra migrantes en una entrevista organizada en abril por la Universidad de California. Mayorkas declaró que consideraba absolutamente inaceptables las represalias, pero que le gustaría investigar a fondo los casos denunciados antes de tomar medidas.
«Eso es inaceptable. Las represalias en respuesta al derecho constitucionalmente protegido a la libertad de expresión y, francamente, la obligación cívica de protestar contra las posturas del gobierno con las que uno no está de acuerdo, son sencillamente inaceptables».
declaró Mayorkas.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes celebraron la condena de Mayorkas a las acciones del ICE, pero insisten en que la administración demócrata debe ir más allá. Exigen que Mayorkas adopte una postura formal contra las represalias en las nuevas directrices oficiales de conducta del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas que se publicarán en los próximos meses.
En concreto, los activistas exigen que los funcionarios de inmigración hagan uso de la «discreción procesal» en los casos de activistas y miembros de grupos que trabajan para proteger los derechos de los migrantes y que los activistas que fueron deportados por su trabajo sean devueltos a Estados Unidos. Si no se hace cumplir, insisten, continuará la persecución y el espionaje de los grupos proinmigración.
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